La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha emitido dos fallos significativos: “Banco de Galicia c/ Municipalidad de Córdoba” y “Mutual de Ayuda entre Ferroviarios c/ Municipalidad de Pergamino”. Estos pronunciamientos afectan la forma en que las comunas pueden aplicar tasas de inspección, seguridad e higiene (TISH), limitando su capacidad de recaudar más allá del costo de los servicios prestados.
El tribunal ha establecido que las fiscalizaciones realizadas después del inicio de un proceso judicial no pueden validar retroactivamente la prestación del servicio, lo que implica que las tasas deben estar respaldadas por un servicio efectivo al momento de su devengamiento. Además, se ha fijado un límite en la recaudación, que no puede exceder el doble del costo de los servicios, evitando así que se conviertan en impuestos ilegítimos.
Asimismo, se ha descalificado el estándar anterior que exigía a los contribuyentes demostrar que la tasa era confiscatoria, permitiendo que la falta de equivalencia razonable entre el monto exigido y el costo del servicio sea suficiente para cuestionar la validez del tributo.
