Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció un límite a las facultades del organismo recaudador para imponer requisitos administrativos a los contribuyentes. La Corte determinó que la falta de cumplimiento de un procedimiento digital no puede utilizarse para desconocer un beneficio impositivo cuando el derecho ya se encuentra reconocido por la legislación vigente.
La resolución, dictada en la causa Gasoducto Gasandes S.A., representa un antecedente relevante para el sistema tributario argentino. La decisión cuestiona la interpretación de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actualmente ARCA, que había rechazado una exención impositiva porque la empresa no completó un trámite específico dentro del plazo establecido.
El conflicto se originó en los beneficios destinados a contribuyentes cumplidores contemplados en la Ley 27.260. La compañía pretendía acceder a una exención del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2016, en su condición de responsable sustituto. Aunque Gasoducto Gasandes había presentado una declaración jurada de confirmación de datos, el organismo fiscal consideró que ese procedimiento resultaba insuficiente.
La Corte examinó el alcance de los artículos de la ley vinculados con la declaración de bienes y los beneficios para contribuyentes cumplidores, concluyendo que la utilización de un aplicativo debía considerarse una herramienta para facilitar la identificación y administración del beneficio, pero no una condición adicional capaz de extinguir un derecho reconocido legalmente.
El consultor tributario Daniel Ricardo García destacó la importancia del pronunciamiento, señalando que numerosos regímenes impositivos argentinos dependen de inscripciones electrónicas y procedimientos digitales que pueden complicar el acceso a los beneficios. La sentencia no elimina las obligaciones formales de los contribuyentes ni impide que ARCA continúe utilizando aplicativos para sus procedimientos.
