La Ley de Inocencia Fiscal, promulgada a fines de 2025 y reglamentada en 2026, restablece la carga de la prueba en favor del contribuyente, obligando al Estado a demostrar la evasión fiscal. Este cambio es significativo en el contexto tributario argentino, donde los contribuyentes debían probar su inocencia ante acusaciones de evasión.
El régimen también propone un Régimen Simplificado de Ganancias, permitiendo a los contribuyentes utilizar fondos no declarados sin que se les cobre impuestos por períodos anteriores, siempre que se depositen en cuentas bancarias. Sin embargo, la falta de adhesión de las provincias a este régimen plantea dudas sobre la aplicación de Ingresos Brutos.
Las provincias, como Río Negro y Neuquén, mantienen la presunción de que los fondos exteriorizados son producto de ventas no declaradas, lo que podría complicar la situación de los contribuyentes que opten por este régimen.
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