El reciente conflicto entre el Gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires ha escalado a niveles significativos, centrándose en el traspaso de aportes jubilatorios de trabajadores de empresas estatales como Aubasa y ABSA. La Procuración del Tesoro ha llevado este asunto a la Corte Suprema, buscando frenar la implementación de la Ley 15.557, que modifica el régimen de aportes previsionales en la provincia.
Contexto del Conflicto
La Ley 15.557, incluida en el Presupuesto bonaerense para 2026, amplía el universo de trabajadores obligados a aportar al Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia. Esto incluye a empleados de empresas con mayoría accionaria estatal, como Aubasa, que gestiona la Autopista Buenos Aires-La Plata, y ABSA, encargada del suministro de agua y saneamiento en el Gran La Plata. Anteriormente, estos trabajadores contribuían al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por la ANSES.
Detalles de la Demanda
La acción presentada por la Procuración del Tesoro sostiene que la Provincia ha excedido sus facultades constitucionales al modificar el régimen de aportes. Según el planteo, el Congreso de la Nación ya ha regulado la cuestión previsional mediante la Ley 24.241, que establece que todos los trabajadores privados deben permanecer en el SIPA, salvo excepciones específicas. La demanda se centra en el artículo 125 de la Constitución Nacional, que limita a las provincias a mantener cajas previsionales únicamente para empleados públicos y profesionales.
Implicaciones Económicas
Uno de los puntos más críticos de esta disputa es el impacto económico que podría tener en la ANSES. Si los trabajadores de Aubasa y ABSA dejan de aportar al SIPA, la ANSES podría enfrentar una disminución significativa de recursos, a pesar de seguir teniendo la obligación de pagar jubilaciones y prestaciones. Esto genera incertidumbre en las liquidaciones de haberes y en la registración previsional de estos trabajadores durante el tiempo que dure el litigio.
Acciones del IPS
El IPS ha comenzado a implementar disposiciones para poner en marcha la reforma, incluyendo la reglamentación del alta de nuevos empleadores y la fijación de procedimientos de liquidación. Además, ha prorrogado plazos debido a problemas técnicos, lo que indica que la aplicación de la ley es inminente. Esta situación ha llevado al Gobierno nacional a solicitar una medida cautelar para suspender la norma antes de su aplicación efectiva.
Precedentes Judiciales
El Gobierno nacional ha invocado el caso de la «Asociación Civil Escuela Escocesa San Andrés», donde la Corte Suprema declaró inconstitucional un intento de la Provincia de incluir a trabajadores de colegios privados en el IPS. Este precedente es fundamental para la argumentación del Gobierno, que busca que el máximo tribunal repita el fallo en este nuevo contexto.
Posibles Escenarios Futuros
Mientras la Corte Suprema no se expida sobre la demanda, el Gobierno nacional continúa insistiendo en la necesidad de la cautelar para evitar que el traspaso de aportes se concrete. Si la Corte falla a favor de la Provincia, se podría establecer un precedente que intensifique la disputa por recursos entre la Nación y las provincias, especialmente en el marco de la discusión sobre la coparticipación. Por otro lado, si el fallo es en contra de la Provincia, se perdería una fuente de financiamiento que ya estaba contemplada en el cálculo del Presupuesto 2026.
