La investigación judicial en torno al patrimonio del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez, ha tomado un nuevo rumbo significativo. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ha ordenado el envío de exhortos a las autoridades de Estados Unidos con el fin de obtener información sobre tres propiedades ubicadas en Florida, que se sospecha podrían pertenecer al funcionario, pero que no están reflejadas en sus declaraciones juradas patrimoniales.
Esta medida se enmarca dentro de un pedido realizado por Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quien busca esclarecer si Vázquez ha incurrido en delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y omisión maliciosa de bienes. La investigación se centra en determinar la verdadera titularidad de los inmuebles, así como las operaciones de compra y las posibles estructuras jurídicas utilizadas para ocultar estos activos.
Detalles de la Investigación
Los inmuebles en cuestión, cuyo valor conjunto supera los dos millones de dólares, habrían sido adquiridos entre 2013 y 2015 a través de sociedades radicadas en el exterior. Según informes, las propiedades fueron compradas por dos sociedades panameñas, Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp., las cuales fueron adquiridas por una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Galanthus Capital Limited. En los registros, Vázquez aparece como beneficiario final, mientras que sus hijas son mencionadas como presuntas integrantes de la sociedad.
Los investigadores están trabajando para reconstruir el circuito financiero detrás de estas transacciones, con el objetivo de determinar si Vázquez debería haber incluido estos bienes en sus declaraciones patrimoniales como funcionario público. La PIA sostiene que ya existen elementos suficientes para avanzar en la investigación, incluso hacia una posible declaración indagatoria por la omisión deliberada de estos inmuebles en sus presentaciones patrimoniales.
Implicaciones Fiscales y Legales
El cuestionamiento abarca las declaraciones de Vázquez desde 2012 hasta 2015 y de 2023, en el contexto de su rol como funcionario de carrera, que encabeza la ARCA desde el 10 de diciembre de 2023. Además, se ha incorporado al expediente a Consultora San Andrés SA, una empresa supuestamente controlada por Vázquez y su hermana, que no registra empleados y que podría haber funcionado como una “sociedad pantalla”.
Otro aspecto relevante es la adquisición de un triplex en el complejo Los Molinos Building en Puerto Madero, realizada en 2018 por un valor de aproximadamente 226,000 dólares. La PIA considera que esta cifra es indicativa de una posible subvaluación, dado que unidades comparables en el mismo edificio se ofrecían por más del doble de ese monto.
Acciones Judiciales y Requerimientos de Información
Para avanzar en la investigación, el juez Martínez de Giorgi ha solicitado levantar el secreto bancario de Vázquez y seguir la ruta del dinero. Esto incluye requerir al Bank of America, PNC y Wells Fargo los extractos de las cuentas de la familia y de las empresas panameñas, así como sus registros migratorios. Además, se han cruzado pedidos de información al Banco Central, al Colegio de Escribanos y a la propia ARCA.
La situación se complica aún más con las denuncias del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara), que ha alertado sobre el crecimiento del contrabando y su impacto en la industria nacional y el comercio formal en Argentina. Este contexto de debilitamiento en los controles aduaneros y la falta de recursos para fortalecer la infraestructura necesaria para combatir el contrabando añade una capa de complejidad a la investigación en curso.
