El fútbol argentino se encuentra en una encrucijada tras la decisión de suspender toda actividad programada entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. Esta medida, que afecta a la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a todas las categorías, surge como respuesta a las graves acusaciones de evasión impositiva dirigidas hacia la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que involucran a algunos de sus dirigentes más prominentes.
La suspensión ha sido anunciada en un contexto de creciente tensión entre la AFA y el Gobierno de Javier Milei, que muchos en el ámbito del fútbol consideran un ataque directo. La denuncia presentada por la Agencia de Recaudación de la Ciudad de Buenos Aires (ARCA) señala una omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales, acumulando una deuda que supera los 19 mil millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Fabián Berlanga, presidente del club Vélez, expresó su preocupación durante una reunión del Comité Ejecutivo en el predio de Ezeiza, donde se discutieron las implicaciones de esta situación. Berlanga afirmó que hay una clara percepción de persecución desde la Casa Rosada y que, si es necesario, se evaluarán medidas adicionales para proteger al fútbol argentino. Su declaración refleja el sentimiento de muchos dirigentes que ven en estas acusaciones un intento de desestabilizar el deporte nacional.
En este contexto, los principales dirigentes de la AFA, incluyendo al presidente Claudio 'Chiqui' Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, han sido citados a declarar por la Cámara Nacional en lo Penal Económico. La audiencia está programada para los primeros días de marzo, lo que añade una capa de incertidumbre a la situación. Aunque se les había prohibido salir del país, el juez Diego Amarante permitió que Tapia realice viajes oficiales a Colombia y Brasil, tras el pago de una caución de 5 millones de pesos.
La AFA, por su parte, ha emitido un comunicado en el que sostiene que no tiene deudas fiscales exigibles y que las acusaciones carecen de fundamento. En un acto de unidad, los dirigentes decidieron suspender la actividad futbolística en repudio a las acusaciones, subrayando que el fútbol argentino no debe ser utilizado como un campo de batalla político. Esta situación plantea un desafío significativo para el deporte, que se encuentra en un momento crítico, y pone de manifiesto la necesidad de un diálogo constructivo entre las autoridades y los organismos de control fiscal.
