Las intimaciones a establecimientos bonaerenses reavivan la disputa por el destino de los aportes previsionales del personal no docente y docente extracurricular. El conflicto también pone el foco en una cuestión del FAL: qué tratamiento corresponde a quienes aportan al IPS en lugar del SIPA. Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires enfrentan un conflicto que impacta en la liquidación de sueldos y en el cumplimiento de sus obligaciones previsionales.
La Provincia amplió la afiliación obligatoria al IPS, mientras ARCA reclama obligaciones del sistema nacional a establecimientos que derivaron fondos a la caja bonaerense. Las notificaciones alcanzan a instituciones que ingresaron recursos al Instituto de Previsión Social y recibieron requerimientos nacionales vinculados con el Formulario 931. El sector advierte sobre el riesgo de reclamos superpuestos por los mismos períodos.
El origen de la controversia es el artículo 59 de la Ley bonaerense 15.557, de Presupuesto 2026, que modificó el artículo 2 del Decreto-Ley 9.650/80. La nueva redacción incluye en la afiliación obligatoria al IPS al personal que realiza tareas docentes curriculares y extracurriculares, además del personal no docente de establecimientos educativos privados comprendidos en la norma.
La implementación tuvo continuidad administrativa mediante la Disposición 1/2026, que estableció condiciones para registrar a los empleadores de los trabajadores incorporados al régimen provincial. El problema aparece cuando el pago realizado al organismo provincial no es reconocido como cancelación de la obligación reclamada por el sistema nacional.
ARCA comenzó a requerir obligaciones declaradas mediante el F. 931 a colegios que habían derivado recursos al IPS. Esto plantea un riesgo de exigencias simultáneas. No significa que exista una decisión judicial definitiva que obligue a pagar dos veces, sino que el ingreso efectuado en una jurisdicción puede coexistir con un reclamo de la otra.
La controversia tiene dos frentes: Provincial, con una presentación de AIEPA ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y Nacional, con una intervención ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar el traspaso de los aportes. AIEPA sostiene su posición de mantener el esquema previo mientras se espera una definición judicial.
La discusión también alcanza al salario neto, con una diferencia entre el aporte previsional personal del 16% al IPS y el 11% al sistema nacional. ARCA mantiene publicada su Guía 45 de Libro de Sueldos Digital, dedicada a docentes no SIPA, que diferencia los casos que aportan a regímenes provinciales y nacionales.
El conflicto se produce mientras avanza la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), planteando dudas sobre el tratamiento de los trabajadores de empleadores privados que aportan al IPS en lugar del SIPA.
