Un severo choque de competencias normativas entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires mantiene en estado de parálisis a cientos de establecimientos educativos privados. La controversia se originó por el traspaso del personal no docente desde la caja nacional de la ANSES hacia el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA) ha impulsado una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, mientras que la ANSES y ARCA han recurrido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la migración de aportes. La dilación judicial ha agravado la operatividad financiera de las escuelas, que enfrentan la posibilidad de un doble aporte a ambas cajas previsionales. Esto afecta tanto las cargas patronales como las liquidaciones salariales de los trabajadores, con un impacto directo en el salario neto del personal no docente.
En paralelo, las instituciones privadas están readecuando sus aranceles, con diferentes regulaciones según reciban o no subvención estatal. Las escuelas que perciben subvención deben obtener autorización previa para ajustar sus cuotas, mientras que las que no dependen de la evolución de su estructura de costos.
