El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ha solicitado colaboración a las autoridades de Estados Unidos para avanzar en la investigación que involucra al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez. Este funcionario se encuentra bajo sospecha de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y omisión de bienes en sus declaraciones juradas.
Detalles de la Investigación
La investigación se centra en tres departamentos de lujo ubicados en Florida, cuyo valor supera los dos millones de dólares. Estos inmuebles, que nunca fueron declarados ante la Oficina Anticorrupción ni en las presentaciones patrimoniales de Vázquez, han llevado a la Justicia federal a profundizar en el patrimonio del funcionario.
La medida de solicitar información a Estados Unidos fue impulsada por un dictamen del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien argumentó que existen elementos suficientes para avanzar en una eventual indagatoria. Según el fiscal, Vázquez podría haber incurrido en el delito de omisión maliciosa al no declarar su vínculo con sociedades extranjeras que son titulares de los inmuebles en cuestión.
La Trama Societaria
La PIA ha reconstruido que los departamentos fueron adquiridos entre 2013 y 2015 a través de sociedades panameñas, como Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. Posteriormente, estas sociedades quedaron bajo el control de Galanthus Capital Limited, una firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas, donde Vázquez figura como beneficiario final. Además, se ha detectado que desde 2021, las hijas mellizas del funcionario ocupan cargos en estas sociedades panameñas.
Entre los indicios que han recopilado los investigadores se encuentra el hecho de que Vázquez y su exesposa, Silvia Ivone Rodríguez, también funcionaria de ARCA, pagaron más de 136.000 dólares en impuestos municipales relacionados con las propiedades entre 2014 y 2018. Asimismo, han recibido cheques de reintegro emitidos por las autoridades estadounidenses a su nombre.
Defensa del Funcionario
Desde el Gobierno, se ha informado que Vázquez sostiene que los inmuebles no son de su propiedad, sino que pertenecen a un tercero, cuya identidad no ha sido revelada ni presentada formalmente ante la Justicia. Esta falta de claridad mantiene abiertas las sospechas sobre la verdadera titularidad de los bienes.
Próximos Pasos en la Investigación
La evolución de la causa dependerá de la respuesta de las autoridades estadounidenses. Los pedidos de cooperación internacional pueden resolverse en un plazo que varía desde unos pocos meses hasta varios años, dependiendo de los requerimientos adicionales que puedan surgir.
Además de la solicitud de información a Estados Unidos, el juez ha requerido datos a bancos como Bank of America, PNC y Wells Fargo para determinar si Vázquez, su familia o las sociedades investigadas tienen cuentas bancarias en estas entidades. También se han solicitado informes a organismos argentinos, incluyendo ARCA, el Banco Central y el Colegio de Escribanos.
La PIA ha ampliado el foco de la investigación hacia un posible esquema de lavado de activos y evasión tributaria, incorporando al expediente a Consultora San Andrés S.A., una empresa controlada mayoritariamente por Vázquez y su hermana, que no registra empleados y que podría haber funcionado como una sociedad pantalla. Otro aspecto bajo análisis es la compra de un triplex en Puerto Madero, cuya escritura refleja una operación cercana a los 226.000 dólares, aunque se sospecha que inmuebles similares se comercializaban por más del doble de ese valor, lo que podría indicar una subvaluación.
