La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) ha presentado una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuestionando el reciente traspaso del personal no docente y de los docentes extraprogramáticos de colegios privados desde el régimen previsional nacional, administrado por ANSES, al Instituto de Previsión Social (IPS).
Contexto del Conflicto
Este conflicto se origina en el artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires, que establece que los docentes extraprogramáticos, quienes dictan actividades o materias fuera de la planta funcional obligatoria, así como el personal no docente de instituciones educativas de gestión privada, deberán realizar sus aportes al régimen previsional provincial. AIEPA sostiene que esta medida fue adoptada sin un proceso adecuado de diálogo y carece de un marco normativo que brinde seguridad jurídica a las instituciones afectadas.
Implicaciones Económicas
Desde AIEPA, se advierte que el cambio podría generar perjuicios económicos tanto para las instituciones educativas como para los trabajadores. Según estimaciones, el traspaso afectaría a entre 50.000 y 55.000 trabajadores, incluyendo personal auxiliar y docentes que desarrollan actividades extraprogramáticas. La asociación ha señalado que la modificación podría resultar en un aumento de los costos laborales para los colegios privados, debido a la posible pérdida del régimen diferencial de contribuciones patronales que actualmente prevé la normativa nacional.
Impacto en los Salarios y Jubilaciones
Otro aspecto crítico del planteo de AIEPA se relaciona con las futuras jubilaciones del personal afectado. Muchos de estos trabajadores han desarrollado gran parte de su carrera bajo el régimen nacional y podrían no cumplir con los años necesarios para acceder a un beneficio previsional provincial. Esto podría llevar a que, a pesar de haber aportado al IPS, terminen jubilándose por ANSES, lo que generaría una situación de desventaja para ellos.
Acciones Judiciales y Demandas
Ante este panorama, AIEPA ha solicitado a la Suprema Corte bonaerense la declaración de inconstitucionalidad de la normativa provincial y ha pedido medidas que resguarden la seguridad jurídica de los establecimientos educativos. La presentación argumenta que el régimen nacional sigue vigente y cuestiona la falta de coordinación entre Nación y Provincia, advirtiendo sobre el riesgo de que las instituciones enfrenten reclamos simultáneos de organismos nacionales y provinciales.
Reclamos y Solicitudes a la Dirección de Educación
AIEPA ha realizado presentaciones ante distintos organismos y ha solicitado a la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) que, mientras no exista una definición normativa o judicial, no se exija a los establecimientos incorporar al personal extraprogramático a la planta funcional. Esta solicitud busca evitar que los colegios se vean obligados a realizar aportes al régimen provincial sin una norma que los exima de sus obligaciones con ANSES.
Acciones del Estado Nacional
El conflicto ha escalado al ámbito nacional, donde el Estado Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, ha promovido una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de Buenos Aires. Esta acción busca suspender la aplicación de la normativa provincial, lo que AIEPA considera un respaldo a su postura inicial, ya que la discusión involucra competencias nacionales y el régimen de la seguridad social.
Incertidumbre Jurídica y Costos Laborales
AIEPA ha expresado que la aplicación inmediata del régimen provincial podría colocar a las instituciones educativas en una situación de grave incertidumbre jurídica, con el riesgo de superposición de obligaciones y mayores costos laborales. La entidad ha reiterado que los colegios privados no buscan incumplir con sus obligaciones previsionales, sino que requieren una definición clara y coordinada entre Nación y Provincia sobre cuál es el régimen aplicable.
Por lo tanto, AIEPA ha solicitado que no se exija la implementación del traspaso hasta que exista una resolución judicial o normativa que otorgue certeza al sector.
