En los últimos días, la situación de la compañía Sudamericana de Lácteos ha vuelto a ser objeto de controversia debido a un nuevo conflicto entre el empresario agroindustrial Pablo González y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra). Esta empresa, que se encuentra paralizada desde enero, ha dejado a sus 78 empleados sin cobrar durante más de cuatro meses, lo que ha generado una creciente preocupación en la comunidad de Díaz, Santa Fe, donde reside la firma.
Contexto de la Situación Actual
La semana pasada, se había alcanzado un principio de acuerdo que prometía reactivar la operación de compra de Sudamericana de Lácteos. Sin embargo, un desacuerdo reciente ha puesto en peligro esta transacción. González ha manifestado que Atilra ha cambiado las condiciones previamente acordadas, lo que ha llevado a una nueva paralización de la operación. Por su parte, el sindicato sostiene que el empresario no ha cumplido con la presentación de la documentación necesaria para garantizar el pago de las cargas patronales, un requisito que ya había sido establecido.
Detalles del Acuerdo Propuesto
El principio de acuerdo que se había alcanzado contemplaba la aplicación del Artículo 223 Bis de la Ley de Trabajo, que permite la exención del pago de aportes laborales durante tres meses y la posibilidad de implementar reducciones salariales. Además, se había acordado que no habría despidos y que la jornada laboral se reduciría entre un 50% y un 75%, organizando el trabajo en turnos. Esta medida era vista como una solución temporal para aliviar la carga financiera de la empresa y asegurar la continuidad del empleo.
Reacciones de las Partes Involucradas
González ha expresado su frustración ante la situación, indicando que estaba preparado para firmar el acuerdo en el Ministerio de Trabajo, pero que se encontró con obstáculos inesperados. Según su relato, se le exigió la reconfección de un poder que acreditara su capacidad para firmar, lo que tuvo que legalizar en Córdoba. Además, mencionó que se le condicionó la firma del acuerdo a un plan de regularización de deudas con las entidades asociativas del gremio, lo que consideró una extorsión.
Desde Atilra, el secretario general de la seccional Galvéz, Nicolás Garnero, ha defendido la postura del sindicato, afirmando que González estaba al tanto de los requisitos necesarios para avanzar en la firma del acuerdo. Garnero comparó la situación con la obtención de un crédito bancario, donde se requieren garantías para asegurar el pago. Aseguró que el sindicato está dispuesto a firmar el acuerdo siempre que se presenten las garantías adecuadas.
Implicaciones para la Comunidad y los Trabajadores
La situación de Sudamericana de Lácteos es crítica, no solo para los empleados que dependen de sus salarios, sino también para la economía local de Díaz, un pueblo de apenas 2200 habitantes. La empresa, que cuenta con marcas reconocidas como Sudamlac y Tambería Holandesa, enfrenta deudas significativas con tamberos y prestadores de servicios, lo que agrava aún más su crisis financiera.
El futuro de la compañía y de sus trabajadores está en juego, y la intervención del Ministerio de Trabajo se vuelve crucial para intentar mediar en este conflicto. La falta de acuerdo podría llevar a la cancelación definitiva de la oferta de compra y a la prolongación de la inactividad de la empresa, afectando gravemente a la comunidad y a la industria láctea en general.
