El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las principales innovaciones introducidas por la reciente reforma laboral en Argentina, tenía como fecha de inicio el 1° de junio. Sin embargo, la falta de reglamentación necesaria ha llevado al Gobierno a aplazar su implementación. Este fondo es obligatorio para todas las empresas que cuenten con empleados, lo que lo convierte en un tema de gran relevancia para el sector laboral y empresarial del país.
Falta de Reglamentación y Nuevas Fechas
Hasta la fecha, el Ministerio de Economía no ha publicado el decreto reglamentario que detalla las condiciones específicas que deben cumplir las empresas para constituir el FAL. Además, se requieren resoluciones adicionales de la Secretaría de Trabajo y de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fuentes oficiales han confirmado que el lanzamiento del FAL se trasladará a la segunda mitad del año, aunque se asegura que comenzará antes de 2027. La norma sancionada por el Congreso establece como fecha límite el 1° de enero, lo que implica que las empresas deben estar preparadas para cumplir con esta obligación en un plazo relativamente corto.
Impacto en el Mercado y en las Empresas
La postergación del FAL coincide con el anuncio de una reducción de las retenciones al agro y a la industria, lo que ha generado un contexto de incertidumbre en el mercado. Las sociedades de bolsa que esperaban la reglamentación para desarrollar productos relacionados con el FAL han expresado que los tiempos son ajustados, incluso si el decreto se publicara de inmediato. Según representantes del sector financiero, se necesitarían al menos tres meses tras la reglamentación para estar listos para operar.
Funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral
El FAL funcionará de manera que todos los empleadores, sin importar su tamaño, deberán destinar un porcentaje de los aportes de seguridad social a este fondo. En lugar de ser transferidos a la ANSES, estos aportes se destinarán mensualmente al FAL, que se invertirá en el mercado financiero. Este fondo podrá ser utilizado para afrontar indemnizaciones por despidos o juicios laborales, lo que representa un cambio significativo en la forma en que las empresas manejan sus obligaciones laborales.
Desafíos para las Pequeñas Empresas
El Gobierno ha reconocido que para las pequeñas empresas, que suelen tener pocos empleados registrados, la creación de un fondo específico puede resultar un proceso complicado. Además, la administración de un fondo separado para cada empleador podría generar inconvenientes operativos en el mercado de capitales. Para abordar este desafío, se está considerando la posibilidad de habilitar un vehículo financiero que permita agrupar a micro y pequeñas empresas dentro de un mismo FAL, facilitando así su cumplimiento normativo.
Implicaciones Fiscales y Proyecciones
Un informe de la consultora PwC estima que el costo fiscal de implementar el FAL podría equivaler al 0,15% del PBI en 2026, si se hubiera comenzado en junio. Este impacto ascendería a un 0,23% del Producto si se mide a lo largo de un año completo. Para una meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional del 1,4% del PBI, estos montos son significativos. Se estima que el FAL abarcaría a aproximadamente 3 millones de empleados de grandes empresas y a otros 2,7 millones de trabajadores de pymes.
Las proyecciones del Grupo SBS sugieren que el fondo indemnizatorio podría alcanzar un tamaño de hasta US$ 1.900 millones en el plazo de un año, con estimaciones que incluso superan esta cifra. La Bolsa de Comercio de Rosario ha calculado que el flujo mensual de aportes podría rondar los $263.268 millones, equivalente a unos US$ 2.179 millones anuales.
