El doctor Amílcar Dirazar, ex subsecretario de Asuntos Legales de la Municipalidad de Olavarría, se refirió a la naturaleza del Impuesto a la Piedra en una reciente entrevista. Este impuesto ha sido objeto de demandas judiciales por parte de Canteras Argentinas y Piatti, quienes cuestionan su constitucionalidad.
Dirazar explicó que el impuesto se basa en la extracción de recursos naturales no renovables, diferenciándolo de otros tributos que gravan la venta. Según su interpretación, el municipio tiene una posición jurídica sólida al no cobrar sobre el precio de venta, sino sobre la extracción, lo que lo distingue de casos como el de Azul, donde se declaró inconstitucional el Derecho de Explotación de Canteras.
El abogado argumentó que la justificación del tributo radica en el impacto ambiental que genera la extracción de estos recursos, lo que permite a los municipios aplicar este derecho. Además, destacó que la base del cálculo del impuesto debe centrarse en la extracción y no en el precio de venta.