El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció una reducción del 30% del impuesto inmobiliario urbano para el 97% de las propiedades en el Presupuesto 2027. Esta medida se asemeja a la implementada por José Manuel de la Sota en 1998 y busca aliviar la carga fiscal sobre los propietarios.
La reducción se aplicará a la totalidad de los inmuebles urbanos, con un criterio de diferenciación basado en la valuación fiscal. Las propiedades de hasta $307 millones recibirán el descuento mayor, mientras que aquellas que superen este valor tendrán una rebaja del 5%.
Además, la provincia no aplicará un nuevo revalúo inmobiliario, manteniendo las bases imponibles de 2026, lo que asegura que los propietarios pagarán menos que el año anterior. El costo fiscal de estas medidas asciende a $156.162 millones.
Se conservarán las exenciones para jubilados, viviendas sociales, personas con discapacidad y entidades sin fines de lucro, afectando a 276.324 inmuebles. También continuarán los beneficios del programa Ciudadano Cumplidor, que incluye bonificaciones y descuentos por pago en cuota única.