El Gobierno ha decidido postergar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) debido a la resistencia de las empresas a asumir las comisiones que cobrarán los bancos y administradoras financieras. Más de 250.000 empleadores aún no han elegido la entidad encargada de administrar sus fondos de indemnizaciones, lo que refleja las dificultades para poner en marcha este sistema creado por la reforma laboral.
Las empresas deben seleccionar una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y abrir una cuenta individual para obtener un identificador denominado ID FAL. Si no realizan esta elección, la CNV podrá asignarles una entidad de oficio. Sin embargo, la elección no es un trámite sencillo, ya que las entidades financieras cobrarán comisiones por gestionar estos recursos, lo que obliga a las empresas a evaluar el impacto de estos costos sobre el rendimiento de los fondos.
La situación es especialmente crítica para las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan un entorno económico complicado. La implementación del FAL podría movilizar alrededor de 263.268 millones de pesos mensuales, lo que representa un desafío fiscal significativo para el sistema previsional, ya que los recursos destinados a indemnizaciones se desvían de las prestaciones de seguridad social.
Además, la Unidad de Información Financiera (UIF) ha dispuesto que los aportes al FAL queden exceptuados de ciertos controles de prevención de lavado de activos, lo que añade una capa de complejidad a la gestión de estos fondos.
