La Ley 27.826, conocida como “Inocencia Fiscal II”, formaliza la postergación del vencimiento de las declaraciones juradas al 13 de octubre. Este régimen simplificado ofrece beneficios como la presunción de exactitud, aunque con límites y excepciones que generan interrogantes.
ARCA solo puede actuar sobre períodos protegidos si demuestra discrepancias significativas en el período base (2025). Si el contribuyente rectifica y paga dentro de los 15 días hábiles tras ser notificado, conserva el beneficio. En caso de revocación de la impugnación, ARCA debe devolver lo abonado con intereses en 45 días hábiles.
La ley también establece que las órdenes de intervención y liquidaciones notificadas antes de la adhesión mantienen su validez, lo que implica que ingresar al régimen no detiene inspecciones ya iniciadas. Esto contrasta con la situación de quienes adhirieron bajo la Ley 27.799, que no contemplaba esta exclusión.
Además, la carga de la prueba recae sobre ARCA, que debe basarse en información del contribuyente y no puede levantar el bloqueo fiscal solo con presunciones. Las operaciones relacionadas con los “dólares bajo el colchón” deben realizarse a través de mecanismos financieros regulados, y la trazabilidad de esos fondos dependerá de normativa futura de la Unidad de Información Financiera.
