La Procuración General de la Nación ha emitido un dictamen que rechaza el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la actividad portuaria en la provincia de Buenos Aires, cuando la mercadería tenga origen o destino fuera del país. Este dictamen, solicitado por la Corte Suprema de Justicia, argumenta que el impuesto invade atribuciones nacionales y es discriminatorio.
En el caso de Delta Dock S.A., la empresa solicitó la inconstitucionalidad del artículo 100 de la ley provincial 15.170, que establece un recargo adicional en Ingresos Brutos para actividades logísticas relacionadas con terminales portuarias. Este recargo se aplica a la mercadería que provenga o se dirija al exterior.
El dictamen concluye que el tributo es arbitrario y discriminatorio, ya que incrementa la carga impositiva según el origen o destino internacional de los productos, lo que afecta la actividad portuaria y la libertad de contratación de las operadoras.
Se anticipa que la Corte podría fallar a favor de los contribuyentes, dada la afectación de derechos y la intromisión en facultades exclusivas del Estado nacional. Los contribuyentes deberán evaluar estrategias como ingresar el adicional bajo protesto o promover acciones legales similares a la de Delta Dock.
