La Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes ha presentado una acción judicial para frenar la aplicación de la Resolución General 5835/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que impone un nuevo régimen de control sobre la procedencia de los combustibles. La normativa exige que antes de descargar cada camión, se realice un análisis para verificar que el producto tributó correctamente.
El asesor legal de la entidad, Raúl Piaggio, argumenta que esta disposición vulnera el principio de razonabilidad al trasladar responsabilidades del Estado a los expendedores, quienes ahora deben realizar controles que antes eran responsabilidad de instancias oficiales. Además, se cuestiona la capacidad técnica de los operarios para llevar a cabo estos análisis, que deberían ser realizados por profesionales capacitados.
La normativa también establece un régimen sancionatorio que incluye multas y clausuras, lo que podría afectar la relación comercial entre las estaciones y sus proveedores. La Cámara solicita que se suspenda la exigibilidad del régimen hasta que se resuelva la cuestión de fondo en la justicia.
