La compra de la compañía Sudamericana de Lácteos, que ha estado inactiva desde principios de año, se ha visto interrumpida recientemente debido a un desacuerdo entre el empresario interesado en adquirir la firma y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra). Este conflicto gira en torno a las condiciones bajo las cuales la fábrica podría reanudar sus operaciones, así como la forma en que se gestionarían los sueldos y los aportes patronales.
Contexto de la Compañía
Sudamericana de Lácteos, conocida por sus marcas como Sudamlac, Tambería Holandesa, Pensilvania y Tuca, se localiza en la pequeña localidad santafesina de Díaz, que cuenta con apenas 2200 habitantes. Actualmente, la empresa emplea a 78 personas y está bajo la propiedad de Sergio Servio, quien también dirige Lácteos Servio en Villa María. La firma enfrenta una grave crisis financiera, acumulando más de cuatro meses de sueldos impagos y deudas con tamberos y proveedores de servicios.
Interés de Pablo González
Uno de los principales interesados en la compra es Pablo González, un empresario agroindustrial de Pergamino que reside en Rosario y opera una planta aceitera en Serodino, Santa Fe. González se enteró de la situación de Sudamericana de Lácteos en marzo y, tras visitar la planta, consideró que, a pesar de la crisis, la fábrica estaba en condiciones de ser reactivada. Después de realizar un análisis exhaustivo de la situación patrimonial y financiera de la empresa, González se reunió con Servio para discutir el monto y las condiciones de la compra.
Negociaciones y Propuestas
Durante las negociaciones, González propuso un plan de regularización que incluía acuerdos con los tamberos y proveedores, así como con los trabajadores y el sindicato. Inicialmente, se sugirió un formato cooperativo, que fue rechazado. Posteriormente, se exploró la posibilidad de aplicar el artículo 223 bis del Ministerio de Trabajo provincial, que permite, en situaciones de crisis, realizar ajustes en los sueldos y cargas sociales. Esta propuesta fue presentada al gremio el 20 de mayo, pero el avance se detuvo cuando Atilra se mostró reacia a aceptar el formato propuesto.
Reacciones del Gremio
Atilra ha negado las acusaciones de González, argumentando que su principal preocupación es garantizar que los trabajadores mantengan sus derechos laborales. El secretario de la Seccional Galvez, Nicolás Garnero, enfatizó que cualquier acuerdo debe ser aprobado por los trabajadores en asamblea. Además, Garnero advirtió que el uso del artículo 223 bis podría ser considerado un “fraude laboral”, ya que permitiría a la empresa evitar el pago de cargas sociales y reducir los sueldos de manera temporal.
Próximos Pasos
El empresario González ha señalado que el próximo martes a las 11 de la mañana se llevará a cabo una reunión conciliatoria en el Ministerio de Trabajo, donde se espera que se discutan las exigencias planteadas por el gremio, incluyendo la necesidad de un balance financiero y avales bancarios para garantizar el pago a los trabajadores. La situación sigue siendo crítica, y la falta de un acuerdo podría llevar a un estancamiento prolongado en la reactivación de la planta.
