En un desarrollo reciente que ha captado la atención de los medios y del ámbito político, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha intimado al contratista Matías Tabar, quien está vinculado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esta acción se produce en el contexto de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni, lo que ha generado un clima de tensión y especulación sobre la transparencia en la gestión pública.
Detalles de la Intimación
La intimación exige a Tabar que presente, en un plazo máximo de diez días, una serie de documentos que justifiquen sus ingresos y la mano de obra utilizada en la construcción de la casa de Adorni en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. Entre los requerimientos se incluyen la justificación de ingresos para los años 2024 y 2025, así como detalles sobre la facturación y las compras a proveedores durante ese período.
Además, se le solicita que explique la adquisición de bienes significativos, como una camioneta valorada en $47 millones y un automóvil de $4 millones. La ARCA también requiere información sobre el origen de los fondos utilizados para la compra de dólares en 2024 y 2025, así como confirmaciones societarias que respalden su actividad económica.
Contexto Judicial y Político
La situación se complica aún más debido a que la declaración de Tabar ante la Justicia ha puesto en una posición delicada a Adorni. La diputada nacional Marcela Pagano ha presentado una denuncia en la que acusa al jefe de Gabinete de utilizar su influencia para obstaculizar el accionar judicial. Pagano ha señalado que la actividad de fiscalización tributaria sobre quienes han colaborado con la justicia podría tener un efecto inhibitorio sobre la prueba testimonial, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso.
La diputada también ha destacado que el ARCA, como ente dependiente del Poder Ejecutivo, podría estar actuando en función de intereses políticos, lo que podría comprometer la integridad de las declaraciones realizadas por testigos y colaboradores en la causa.
Testimonio del Contratista
En su declaración, Matías Tabar ha proporcionado información detallada sobre las obras realizadas en la propiedad de Adorni, las cuales costaron aproximadamente 245 mil dólares. Según su testimonio, los pagos se realizaron en efectivo y sin factura, lo que ha generado aún más sospechas sobre la legalidad de las transacciones. Tabar ha indicado que las obras se llevaron a cabo entre septiembre de 2024 y julio de 2025, y que incluyeron diversas intervenciones en la propiedad, como la construcción de mobiliario y la reparación de la pileta.
El contratista también ha mencionado que, durante el tiempo que duraron las refacciones, Adorni alquiló otra vivienda en el mismo country, lo que representa un gasto adicional de 13 mil dólares. Esta información, junto con los detalles sobre los oficios involucrados en la obra, podría ser crucial para la investigación en curso.
Implicaciones Fiscales y Requerimientos Legales
La intimación del ARCA no solo afecta a Tabar, sino que también tiene repercusiones significativas para Adorni y su entorno. La presentación de la justificación de ingresos y la documentación solicitada se convierte en un aspecto crítico para la defensa del funcionario. La falta de respuesta o la presentación de información inconsistente podría resultar en sanciones fiscales o incluso en acciones legales más severas.
Es fundamental que los involucrados cumplan con los plazos establecidos y presenten la documentación requerida para evitar complicaciones adicionales. La situación actual resalta la importancia de la transparencia y la legalidad en las transacciones económicas, especialmente en el ámbito de la función pública.
