El Gobierno nacional de Argentina se encuentra en la fase final de un decreto que busca modificar el mecanismo de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Según fuentes judiciales, se espera que este decreto sea publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas, lo que marcaría un cambio significativo en el proceso de selección de los magistrados que integran el tribunal supremo.
Objetivos de la Modificación
Desde la Casa Rosada, se ha indicado que el objetivo principal de esta iniciativa es aumentar la transparencia en el proceso de selección de los jueces. Actualmente, la Corte está compuesta por solo tres miembros, de un total de cinco, lo que ha generado críticas sobre la falta de representación y diversidad en el tribunal. La modificación busca evitar la duplicación de instancias administrativas que, según el Gobierno, entorpecen el proceso de nombramiento.
Cambios Específicos en el Proceso
Entre los cambios más destacados se encuentra la eliminación de las impugnaciones, lo que significa que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y colegios profesionales ya no podrán presentar observaciones sobre los candidatos ante el Ministerio de Justicia. Esta medida ha suscitado preocupaciones sobre la disminución de la participación ciudadana en el proceso de selección.
Además, se derogará la exigencia de publicar las postulaciones y antecedentes de los candidatos en diarios de circulación nacional. En su lugar, la difusión de las candidaturas se limitará a la página web oficial del Ministerio de Justicia, lo que podría reducir la visibilidad pública de los candidatos propuestos.
Controles Patrimoniales y Fiscales
El nuevo decreto también establecerá controles patrimoniales y fiscales más estrictos. Se fijará un plazo de cinco días para que los candidatos presenten sus declaraciones juradas de bienes, y se establecerán tiempos límite para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informe sobre la situación fiscal de todos los postulantes. Estos controles buscan asegurar que los candidatos cumplan con los requisitos legales y fiscales necesarios para ocupar un cargo en la Corte.
Eliminación de Recomendaciones Previas
Otro aspecto relevante de la modificación es la eliminación de las recomendaciones previas que el Poder Ejecutivo debía considerar en relación a la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional de los candidatos. Esta eliminación ha generado críticas por parte de diversos sectores que consideran que la diversidad y la representación son fundamentales para la legitimidad del sistema judicial.
Reacciones y Críticas
Las primeras reacciones ante esta propuesta no se han hecho esperar. Representantes de los poderes legislativo y judicial han expresado su preocupación. La abogada Jimena de la Torre, Consejera de la Magistratura de la Nación, ha manifestado que “no retrocedamos en calidad institucional” y ha enfatizado la importancia de la transparencia y la participación ciudadana como garantías republicanas. Por su parte, la senadora Juliana di Tullio ha cuestionado la falta de control y participación del pueblo en el proceso de selección, sugiriendo que esta medida podría llevar a una mayor opacidad en el nombramiento de jueces.
Implicancias Legales
Es importante destacar que, a pesar de estas modificaciones, el procedimiento constitucional en el Senado de la Nación, que requiere dos tercios de los votos para la aprobación de los nombramientos, se mantendrá sin cambios. La nueva normativa modificará el decreto 222/2003, que fue establecido por el ex presidente Néstor Kirchner y que se conocía como de “autolimitación presidencial”. La medida entrará en vigencia una vez que sea publicada oficialmente.
