El Gobierno nacional ha tomado una decisión significativa en relación con el tratamiento de los juicios previsionales que involucran el Impuesto a las Ganancias. A partir de una instrucción general emitida el 15 de mayo, la Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA) dejará de apelar los fallos judiciales que protegen a las jubilaciones del pago de este impuesto. Este cambio de estrategia legal representa un giro radical en la política del Poder Ejecutivo, que ha considerado que continuar apelando estos casos implica un alto costo fiscal.
Según datos proporcionados por la Jefatura de Gabinete en un informe al Congreso, actualmente alrededor de 130.000 jubilados están sujetos al pago del Impuesto a las Ganancias, lo que afecta a aquellos cuyos haberes superan el equivalente a ocho jubilaciones mínimas, es decir, aproximadamente 3,1 millones de pesos a valores actuales. Este nuevo enfoque por parte de ARCA tiene como objetivo acortar los procesos judiciales relacionados con las jubilaciones, permitiendo que el fisco desista de apelar tanto en fallos de primera instancia como en decisiones de cámara.
Contexto Judicial y Jurisprudencia
Históricamente, ARCA ha estado obligada a apelar hasta la última instancia posible en estos casos. Sin embargo, ahora se contempla la posibilidad de que el organismo no continúe con la apelación tras una sentencia de primera instancia, siempre que se evalúe si la Cámara correspondiente tiene suficiente jurisprudencia que respalde fallos desfavorables en situaciones similares. Este cambio se basa en el precedente del fallo “García, María Isabel c/ AFIP”, dictado por la Corte Suprema el 26 de marzo de 2019, donde se declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Ganancias que gravaban los haberes previsionales de la demandante.
En este fallo, la Corte Suprema argumentó que el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional prohíbe la aplicación de categorías tributarias que ignoren situaciones de vulnerabilidad. Se destacó que el envejecimiento y la discapacidad son factores que determinan una mayor vulnerabilidad, lo que conlleva a gastos adicionales y afecta la capacidad contributiva de las personas mayores. Como resultado, la Corte ordenó el reintegro de las sumas retenidas a la jubilada demandante y estableció que, hasta que el Congreso legisle sobre un régimen específico para jubilados vulnerables, no se pueden realizar descuentos por Ganancias sobre sus prestaciones previsionales.
Implicancias para los Jubilados
La decisión de ARCA de modificar su estrategia judicial no implica una modificación de la Ley de Ganancias ni la creación de una exención automática para todos los jubilados. Según el tributarista Diego Fraga, cada caso deberá ser analizado individualmente, considerando factores como la edad, salud, ingresos, gastos y situación patrimonial de los jubilados. Esto significa que aquellos que aún no han iniciado un juicio no podrán dejar de pagar automáticamente el impuesto, ya que cada situación será evaluada de manera particular.
Este cambio en la política de apelaciones por parte de ARCA podría tener un impacto significativo en la vida de muchos jubilados, facilitando el acceso a la justicia y reduciendo la carga fiscal para aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables. A medida que se implementen estas nuevas directrices, será crucial que los jubilados estén informados sobre sus derechos y las implicancias de esta decisión en sus ingresos.
