La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) ha emitido un nuevo dictamen que pone en tela de juicio la transparencia y la legalidad del proceso licitatorio para el dragado, balizamiento y cobro del peaje de la Vía Navegable Troncal. Este dictamen, que se suma a las observaciones realizadas en febrero de 2025, destaca serias irregularidades que podrían acarrear consecuencias administrativas y penales para la administración actual.
Irregularidades Detectadas
Entre las principales irregularidades señaladas por la PIA se encuentran:
- Falta de Estudios de Impacto Ambiental: La PIA ha subrayado la ausencia de un adecuado procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que implica que la subsecretaría de Ambiente no participó en el proceso licitatorio. Este aspecto es crítico, ya que la falta de un estudio actualizado pone en riesgo la viabilidad del proyecto y la protección del medio ambiente.
- Posible Direccionamiento del Proceso: Se ha señalado que la ponderación de las ofertas técnicas sobre las económicas podría estar orientada a favorecer a ciertos oferentes, lo que plantea serias dudas sobre la equidad del proceso.
- Deficiencias en la Cláusula Anticorrupción: La PIA ha encontrado falencias en la cláusula diseñada para prevenir actos de corrupción, lo que podría abrir la puerta a prácticas irregulares durante la ejecución del contrato.
- Intervención Jurídica Insuficiente: La falta de un análisis exhaustivo por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación ha sido criticada, ya que su intervención se ha considerado meramente formal y no ha abordado las cuestiones jurídicas relevantes del procedimiento.
- Cedencia de Contratos a Terceras Empresas: Se ha advertido que el modelo contractual permite la cesión de contratos a empresas que no cumplen con los requisitos técnicos establecidos, lo que podría resultar en una adjudicación injusta.
Contexto de la Licitación
El próximo 19 de mayo de 2026 se abrirán los sobres con las ofertas económicas para este importante proyecto, que ha atraído la atención de empresas de origen belga como Jan De Nul y DEME, junto con socios norteamericanos. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por la opacidad y la falta de claridad, lo que ha llevado a la PIA a reiterar sus preocupaciones sobre la integridad del mismo.
Implicaciones Legales y Administrativas
Las observaciones realizadas por la PIA no son meras formalidades; podrían resultar en objeciones administrativas y, en el peor de los casos, en acciones penales. La administración de Javier Milei enfrenta un escenario complicado, ya que las irregularidades detectadas podrían tener repercusiones significativas en la ejecución del proyecto y en la reputación del gobierno.
La PIA ha enfatizado que la falta de un estudio de impacto ambiental adecuado y la ausencia de una intervención jurídica efectiva son cuestiones que no pueden ser ignoradas. La administración debe actuar con diligencia para corregir estas deficiencias antes de avanzar en el proceso de adjudicación.
Es fundamental que los actores involucrados en la licitación tomen en cuenta estas observaciones y se aseguren de que el proceso se lleve a cabo de manera transparente y conforme a la ley. La integridad del proceso licitatorio no solo afecta a las empresas participantes, sino que también tiene un impacto directo en el desarrollo económico y ambiental del país.
