La provincia de Buenos Aires, a través de la Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo, ha implementado una nueva carga burocrática para los empleadores, que incluye la obligación de presentar mensualmente liquidaciones salariales, recibos de haberes y comprobantes de acreditación bancaria. Esta medida entrará en vigor en enero de 2027 y requiere que las empresas firmen digitalmente una nueva declaración jurada denominada F.U.T.U.R.O.
A pesar de ser anunciada como gratuita en su tramitación online, la medida genera costos adicionales para las pequeñas y medianas empresas que tercerizan la liquidación de sueldos, ya que implica un mayor uso de recursos internos o un aumento en las tarifas de los estudios contables. Se considera que esta carga puede actuar como un 'impuesto burocrático' sobre el empleo registrado, obligando a las empresas a destinar recursos significativos y exponiéndolas a sanciones por incumplimiento.
La resolución ha suscitado cuestionamientos sobre su justificación y proporcionalidad, especialmente dado que organismos como ARCA ya gestionan información laboral y de seguridad social. Además, se plantea la necesidad de solicitar nuevamente esta información de manera generalizada, lo que podría trasladar costos innecesarios al sector productivo.
Se sugiere que la Provincia evalúe el costo real de esta obligación para los sectores productivos y considere la suspensión de su entrada en vigor, priorizando el uso de datos ya existentes y concentrando los pedidos de documentación en casos justificados.