La reciente disputa entre el gobierno de Axel Kicillof y la administración de Javier Milei ha escalado a un nuevo nivel, con la Nación presentando una demanda judicial para frenar el traspaso de aportes de aproximadamente 20 mil empleados de empresas provinciales al Instituto de Previsión Social (IPS). Este conflicto se origina en el artículo 59 del proyecto de Presupuesto 2026, que establece que los trabajadores de empresas con capital mayoritario provincial deben realizar sus aportes al IPS en lugar de al Anses.
Contexto de la Disputa
La medida afecta a diversas empresas, incluyendo ABSA, que gestiona el servicio de agua y cloacas en 95 municipios, y Aubasa, que opera la Autopista La Plata-Buenos Aires. En total, se estima que alrededor de 20 mil trabajadores, que hasta el año pasado contribuían al régimen nacional de Anses, se verán afectados por esta reforma. La administración de Milei ha reaccionado a esta decisión judicialmente, argumentando que la medida invade competencias federales y desfinancia a la Anses.
Acciones Judiciales y Argumentos
La Nación ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, solicitando que se declare inválido el artículo 59 de la ley provincial 15.557. En su argumentación, sostiene que la medida vulnera la Constitución Nacional y la legislación previsional vigente, además de solicitar una medida cautelar para suspender la aplicación de la norma hasta que se resuelva el litigio.
Implicaciones Financieras y Previsionales
Uno de los puntos críticos de la demanda es el impacto económico que esta reforma podría tener sobre la Anses. La Nación advierte que si miles de trabajadores dejan de aportar al Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), el organismo enfrentará una pérdida significativa de recursos, a pesar de seguir obligado a financiar prestaciones previsionales. Esto podría generar incertidumbre sobre futuras jubilaciones y afectar la estabilidad del sistema de reparto nacional.
Reglamentaciones y Procedimientos del IPS
El IPS ya ha comenzado a implementar procedimientos para la liquidación de aportes y ha prorrogado plazos debido a dificultades técnicas. La Nación ha incorporado en su demanda disposiciones del IPS que indican que la aplicación de la ley es inminente, lo que refuerza su argumento de que la suspensión de la norma es necesaria para evitar un traspaso de aportes que podría desestabilizar el sistema previsional.
Precedentes Judiciales
La Corte Suprema ha intervenido en conflictos similares en el pasado, como en el caso de la “Asociación Civil Escuela Escocesa San Andrés”, donde se declaró inconstitucional una norma que intentaba incorporar al IPS a trabajadores de establecimientos educativos privados. Este precedente es clave para la Nación, que busca que la Corte se pronuncie nuevamente sobre la validez de la reforma impulsada por la Provincia.
Próximos Pasos
La Corte Suprema deberá decidir si la Provincia tiene la facultad de ampliar su sistema previsional e incorporar trabajadores que actualmente aportan al régimen nacional. Mientras tanto, el Estado nacional insiste en la necesidad de suspender la aplicación de la ley para preservar el funcionamiento del sistema previsional administrado por la ANSES.
