En un contexto de creciente atención mediática, Matías Tabar, el contratista responsable de las refacciones en la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha salido a desmentir cualquier tipo de presión relacionada con la intimación recibida por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En declaraciones recientes, Tabar enfatizó que la notificación es un procedimiento habitual en su trayectoria como autónomo, que se extiende por más de dos décadas.
Detalles de la Intimación
La intimación de ARCA solicita a Tabar la justificación de sus ingresos y la mano de obra utilizada en la refacción de la casa de Adorni, ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Este requerimiento incluye la presentación de documentación que respalde su actividad real, facturación y detalles de las obras realizadas, así como compras a proveedores durante los años 2024 y 2025.
Entre los elementos que ARCA ha solicitado se encuentran justificaciones de compra de bienes, incluyendo una camioneta valorada en $47 millones y un automóvil por $4 millones. Además, se requiere la justificación del origen de fondos utilizados para la compra de dólares en los mismos años, así como confirmaciones societarias pertinentes.
Reacciones del Contratista
Tabar ha manifestado que no considera la intimación como un “apriete”, sino como una parte normal de su responsabilidad como contribuyente. “Cuando se detectan irregularidades, hay que corregirlas”, afirmó, subrayando que este tipo de situaciones son comunes en su profesión. A pesar de la presión mediática, el contratista se mostró tranquilo y dispuesto a colaborar con las autoridades fiscales.
Asimismo, Tabar indicó que no ha tenido contacto reciente con Adorni ni con personas de su entorno, lo que ha llevado a especulaciones sobre la relación entre ambos. “No tengo mi teléfono, yo salgo, me lo puedo cruzar, no tengo ningún problema en cruzármelo”, comentó, dejando entrever que prefiere mantener la distancia en este momento.
Implicancias Legales y Políticas
La intimación de ARCA se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la situación financiera de Adorni, quien enfrenta acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito. La diputada nacional Marcela Pagano ha presentado una denuncia ante la justicia, alegando que Adorni ha utilizado sus conexiones políticas para obstruir el accionar judicial. Este escenario ha generado un clima de incertidumbre tanto para el funcionario como para su contratista.
La situación se complica aún más con la inminente discusión en el Congreso sobre la Ley de Inocencia Fiscal, que ha sido postergada debido a la atención que ha suscitado el caso Adorni. La falta de avances en esta legislación podría tener repercusiones significativas en la forma en que se manejan las intimaciones fiscales en el futuro.
