El reciente proyecto del Gobierno argentino, liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca ampliar el blanqueo permanente y flexibilizar los controles asociados al régimen de inocencia fiscal. Esta iniciativa se presenta a menos de seis meses de la promulgación de la Ley de Inocencia Fiscal (LIF), lo que ha generado un amplio debate en el ámbito contable y fiscal.
Modificaciones Propuestas
El proyecto introduce cambios significativos en el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, ampliando el número de beneficiarios y reduciendo las causales de exclusión. Uno de los aspectos más destacados es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio para adherir a la declaración simplificada del impuesto a las Ganancias (DSIG). Esto permitirá que un mayor número de contribuyentes acceda a los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal, que anteriormente estaban reservados para un grupo muy limitado de Grandes Contribuyentes Nacionales.
Seguridad Jurídica y Certidumbre
A pesar de las modificaciones, persisten dudas sobre la seguridad jurídica del régimen. El Gobierno busca otorgar certidumbre a los contribuyentes para que puedan retirar los dólares que tienen “bajo el colchón” y así contribuir a la remonetización de la economía. Sin embargo, la efectividad de estas medidas aún está en entredicho, dado que el objetivo inicial no se ha logrado hasta el momento.
Discrepancias Significativas y Carga de la Prueba
El proyecto también aborda las discrepancias significativas (DS) que pueden expulsar a los contribuyentes del régimen simplificado. Se establece que estas discrepancias no operarán si la diferencia a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) es inferior al 5% del umbral establecido en el Régimen Penal Tributario, actualmente fijado en $100 millones. Además, se aclara que la carga de la prueba de la existencia de discrepancias significativas recae sobre el Fisco, lo que representa un cambio importante en la dinámica de fiscalización.
Implicaciones para la UIF y la Residencia Fiscal
El proyecto establece que la adhesión a la DSIG será considerada un antecedente favorable para los sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF), aunque estos continuarán sujetos a sus obligaciones en materia de prevención del lavado de activos. Asimismo, se exige a los contribuyentes mantener la residencia fiscal en Argentina durante los períodos en que utilicen la DSIG, salvo excepciones específicas para el ejercicio 2025.
Exenciones y Sanciones
Los contribuyentes que hayan cancelado tributos producto de ajustes previos a su adhesión a la DSIG estarán exentos de multas materiales, a menos que estas se encuentren firmes. Este aspecto se asemeja a los regímenes de moratorias y blanqueos anteriores, donde la amnistía estaba condicionada a la culminación de planes de pago.
Operaciones Bancarizadas y Nuevas Exigencias
Finalmente, el proyecto incorpora la exigencia de que las operaciones se bancaricen, salvo en el caso de transacciones vinculadas a inmuebles que pueden realizarse en efectivo. Estas modificaciones acercan la LIF a un régimen de blanqueo, aunque la inseguridad jurídica del sistema aún no se ha despejado completamente.
Las implicancias de estas reformas son significativas y requieren un análisis detallado por parte de los profesionales del área contable y fiscal. La discusión sobre la efectividad y la seguridad jurídica del régimen de inocencia fiscal continúa, y se espera que el proyecto sea debatido en el Congreso Nacional en un futuro cercano.
