La situación de Vicentin, una de las agroexportadoras más emblemáticas de Argentina, ha tomado un giro significativo en los últimos meses. Tras un prolongado proceso de crisis financiera que se inició en diciembre de 2019, la empresa ha logrado despejar el camino jurídico para su recuperación. Este proceso ha estado marcado por intensos conflictos judiciales y sociales, que incluyeron manifestaciones en diversas localidades del país durante la pandemia.
Desistimiento de Competidores y Control por parte de Grassi
Recientemente, las empresas Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC), que habían competido por el salvataje judicial de Vicentin, decidieron desistir de la apelación contra el fallo del juez Fabián Lorenzini. Este fallo homologó el acuerdo preventivo con los acreedores, lo que ha permitido a la corredora Grassi avanzar en el control de la empresa. Desde fines del año pasado, la situación jurídica de Vicentin se ha consolidado, permitiendo a Grassi comenzar a cumplir con los compromisos adquiridos con los acreedores.
Compromisos y Pagos a Acreedores
Grassi ha comenzado a efectivizar pagos a más de mil acreedores, lo que ha fortalecido su posición y ha dificultado cualquier revisión jurídica del salvataje. La empresa ha puesto en funcionamiento las plantas de Vicentin, lo que ha permitido una operatoria creciente y una buena relación con los sindicatos y trabajadores. Este entendimiento ha sido clave para avanzar en la recuperación de la empresa.
Detalles del Proceso Concursal
El desistimiento de Molinos Agro y LDC se formalizó a través de cartas enviadas a la Comisión Nacional de Valores y a otras entidades del mercado. Este paso ha permitido que Vicentin, que en su momento fue la mayor exportadora del país, cierre un capítulo en su historia marcado por el mayor default privado de Argentina. A pesar de los cambios en la propiedad, la identidad de la marca se mantiene, ahora bajo la administración de Grassi.
Plan de Pagos y Recuperación de Acreencias
El plan de pagos de Vicentin es ambicioso, con un total de US$1.350 millones en deudas que deben ser saldadas a aproximadamente 1700 acreedores. En enero, se realizó el primer pago a 600 acreedores de las categorías A2 y A3, quienes acordaron un abastecimiento directo con anticipo financiero. Este acuerdo les permite recibir un pago anticipado a cambio de una reducción en el precio por tonelada de soja entregada.
Además, se han comenzado a cumplir los compromisos con los fideicomisos que agrupan acreencias superiores a los US$140 millones, lo que incluye a más de 900 acreedores. En el contexto de un total de pagos de US$300 millones que se extenderán a lo largo de 10 años, se ha realizado el primer pago a los acreedores de la categoría A1, quienes optaron por la opción de abastecimiento de granos, lo que les permitirá recuperar hasta el 200% de sus acreencias.
