El 8 de mayo de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia ante la Justicia, acusando a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y a Pablo Toviggino, tesorero de la misma, de formar parte de una asociación ilícita fiscal. Esta denuncia se enmarca en una investigación liderada por el juez Diego Amarante, que se centra en la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, con un monto que asciende a $19 mil millones, cifra que, tras la ampliación, se estima en alrededor de $300 millones.
La denuncia de ARCA, encabezada por Andrés Vázquez, identifica a Tapia y Toviggino como supuestos integrantes de una organización que habría utilizado facturación apócrifa de manera sistemática para ocultar el destino de fondos y evadir impuestos. Este mecanismo, según la denuncia, no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de comportamiento que se extendió entre los años 2023 y 2025, provocando un daño fiscal que se estima en $289.336.519,66.
Detalles de la Investigación
La ampliación de la denuncia ha sido incorporada al expediente CPE 1182/2025, donde se detallan las operaciones económicas vinculadas al predio de Ezeiza. ARCA sostiene que las irregularidades no solo involucran a Tapia y Toviggino, sino también a otros dirigentes como el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. La investigación se ha visto respaldada por fiscalizaciones y cruces de información bancaria que han revelado pagos de la AFA a empresas con irregularidades estructurales.
Entre las empresas implicadas, varias han sido catalogadas como contribuyentes “no confiables”, lo que agrava la situación de los acusados. ARCA ha señalado que las operaciones investigadas se realizaron de manera consecutiva a lo largo de varios ejercicios fiscales, lo que sugiere un uso sistemático de facturas apócrifas para evadir obligaciones tributarias.
Implicaciones Legales y Fiscales
Andrés Vázquez ha solicitado que tanto Tapia como Toviggino, así como los demás dirigentes mencionados, sean llamados a prestar declaración indagatoria. La gravedad de las acusaciones y la magnitud de los montos involucrados han llevado a ARCA a exigir que la Justicia continúe con la investigación de toda la estructura financiera utilizada en las operaciones observadas. Este caso no solo pone en tela de juicio la gestión de la AFA, sino que también plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la legalidad en la administración de recursos públicos en el ámbito del deporte argentino.
La situación actual exige atención inmediata, ya que la investigación podría tener repercusiones significativas en la administración de la AFA y en la percepción pública sobre la integridad de sus dirigentes. Los próximos pasos judiciales serán cruciales para determinar la responsabilidad de los implicados y el futuro de la gestión fiscal en el deporte argentino.
