En un contexto marcado por el escándalo patrimonial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Oficina Anticorrupción (OA) ha decidido extender el plazo para la presentación de las declaraciones juradas (DDJJ) de los funcionarios públicos. Esta medida fue anunciada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, donde se establece que el vencimiento originalmente previsto para el 31 de mayo se ha trasladado al 31 de julio.
Detalles de la Resolución
La nueva jefa de la Oficina Anticorrupción, Gabriela Carmen Zangaro, quien asumió su cargo hace menos de un mes, emitió la Resolución 3/2026 que prorroga el plazo para la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente al año 2025. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de proporcionar a los funcionarios un tiempo adecuado para completar la información requerida antes de la fecha límite.
Implicaciones de la Modificación
La modificación del plazo se basa en una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que establece las fechas de vencimiento de las declaraciones fiscales desde el año 2018 en adelante. En particular, se menciona que las declaraciones impositivas anuales, como las de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, deben ser presentadas durante la primera quincena de junio. Por lo tanto, la OA ha considerado necesario ajustar la fecha de vencimiento de la DDJJ Patrimonial Integral para facilitar la correcta integración de la información.
Proceso de Presentación
La presentación de la DDJJ se realiza a través del formulario F-1245 de la ARCA. Este formulario debe incluir, cuando sea pertinente, la información proveniente de las declaraciones juradas impositivas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. En los casos donde estas presentaciones no se hayan realizado, los datos deberán ser completados manualmente por los funcionarios.
Contexto Político y Judicial
La extensión del plazo para la presentación de las declaraciones juradas se produce en un momento crítico, ya que el fiscal federal Gerardo Pollicita está llevando a cabo una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Esta investigación se centra en dos ejes: los 17 viajes al exterior del exvocero presidencial y los pagos en efectivo que realizó para adquirir tres propiedades. La situación ha generado un clima de tensión y especulación en el ámbito político, especialmente con la cercanía de las elecciones y el escrutinio público sobre la conducta de los funcionarios.
Es importante que los funcionarios públicos estén al tanto de esta prórroga y cumplan con sus obligaciones de presentación en el nuevo plazo establecido. La OA ha enfatizado que la adecuación del plazo responde a la necesidad de garantizar la transparencia y la correcta declaración de los bienes patrimoniales de los funcionarios.
