El pasado 25 de abril de 2026, se presentó una denuncia ante la Justicia que revela presiones y desplazamientos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP. Esta denuncia, realizada por Manuel Rodríguez, un contador público con más de 35 años de experiencia en el organismo, pone de manifiesto un posible encubrimiento de un fraude millonario que involucra al Sindicato de Camioneros y a sus proveedores.
Detalles de la Denuncia
Rodríguez, quien fue director de la Regional Mar del Plata y luego asesor mayor, expone que durante la gestión de Javier Milei, se ejercieron presiones para frenar las investigaciones sobre desvíos de fondos que ascienden a al menos $13.000 millones. Estos desvíos se habrían realizado a través de proveedores apócrifos vinculados al hotel del sindicato, lo que ha llevado a la intervención de la Justicia provincial.
Acciones de la Alta Dirección
Según el escrito presentado ante la Fiscalía Federal General de Mar del Plata, el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, contador Carlos García Pastrana, fue quien ordenó los desplazamientos de varios funcionarios que estaban investigando el caso. Entre ellos se encuentran Luis Tymkiw, el entonces titular de la Regional marplatense, y Gustavo Capdeville, jefe de fiscalización. Ambos se negaron a acatar las órdenes, considerándolas ilegales, lo que resultó en su posterior destitución.
Motivaciones Políticas Detrás de los Desplazamientos
Fuentes cercanas a la situación han indicado que las motivaciones detrás de estos desplazamientos son de índole política. Se menciona que desde Buenos Aires existe una intención de evitar conflictos con el Sindicato de Camioneros, especialmente en un momento en que Hugo Moyano no está protestando por los aumentos en las paritarias. Esta situación ha llevado a la remoción de funcionarios con años de experiencia en sus cargos, lo que plantea serias dudas sobre la integridad del proceso administrativo en ARCA.
Investigaciones en Curso
La investigación judicial se inició en agosto del año anterior, cuando un empleado del Hotel 15 de Diciembre, perteneciente al Sindicato de Camioneros, se negó a convalidar irregularidades. A raíz de esto, el sindicato, a través de un aliado de Moyano, presentó una denuncia. A medida que la causa avanzaba, se produjeron desplazamientos de dirigentes dentro del sindicato, lo que sugiere una posible complicidad en el encubrimiento del fraude.
Movimientos de Personal en ARCA
Desde enero de 2024, ARCA ha desplazado a 1883 jefes, de los cuales 163 no han sido reemplazados. Los voceros del organismo han defendido estos movimientos como parte de procesos administrativos normales, argumentando que no afectan las investigaciones en curso. Sin embargo, la denuncia de Rodríguez sugiere que estos cambios pueden estar relacionados con intentos de obstruir la fiscalización de los proveedores implicados en el fraude.
Implicaciones Fiscales del Fraude
Rodríguez ha señalado que la facturación apócrifa detectada podría superar los $13.000 millones, lo que implicaría una evasión fiscal de aproximadamente $4.550 millones, dado que correspondería aplicar una alícuota del 35% de Ganancias. Este aspecto es crucial, ya que la evasión fiscal no solo afecta las arcas del Estado, sino que también pone en riesgo la confianza en las instituciones encargadas de la recaudación y control fiscal.
Reacciones de ARCA
Desde ARCA, se ha negado cualquier irregularidad en los desplazamientos y se ha argumentado que la fiscalización sobre el Sindicato de Camioneros se lleva a cabo en su jurisdicción natural. Sin embargo, Rodríguez ha refutado esta afirmación, insistiendo en que la denuncia no se refiere a la fiscalización del sindicato en sí, sino a las irregularidades en la contratación de proveedores.
La situación actual en ARCA y las denuncias presentadas por Rodríguez han generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los funcionarios del organismo, quienes temen represalias por sus acciones en el cumplimiento de sus deberes. La Justicia deberá evaluar la gravedad de las acusaciones y determinar si se abrirá una investigación formal sobre los delitos denunciados.
