El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ha convocado a una audiencia pública programada para el miércoles 3 de junio, donde se discutirá la solicitud de "prioridad de acceso" a las redes de energía eléctrica para el depósito de cobre, oro y plata Josemaría, ubicado en el noroeste de San Juan. Esta solicitud ha generado controversia, ya que enfrenta la oposición de la minera Hualilán y Caposo, perteneciente a la australiana Challenger Gold, cuyo principal accionista es el empresario argentino Eduardo Elsztain.
El proyecto Josemaría, que forma parte del ambicioso proyecto Vicuña junto a Filo del Sol, es considerado uno de los más significativos en términos de inversión extranjera en la historia de Argentina, con un desembolso proyectado de 18.000 millones de dólares a partir de 2027. De esta cifra, se estima que la primera fase requerirá una inversión de aproximadamente 7.100 millones de dólares hasta 2030, lo que a su vez demandará una potencia eléctrica de 260 MW, posicionando a Vicuña como uno de los mayores consumidores de energía en el país.
Sin embargo, el desarrollo del proyecto se encuentra actualmente bloqueado por una decisión judicial en La Rioja, que afecta el acceso al campamento en San Juan, situado a 4.000 metros de altura. Este obstáculo resalta la creciente preocupación por la infraestructura crítica necesaria para soportar el auge de la minería en la región, que no solo enfrenta desafíos en términos de rutas, sino también en las redes de transmisión de energía eléctrica de alta tensión.
La propuesta de Vicuña incluye la construcción de obras para ampliar la red eléctrica en la provincia, como la transformación de la línea Nueva San Juan - Rodeo de 132 kilovoltios (kV) a 500 kV, lo que permitiría aumentar la capacidad de transmisión de 247 megavoltios amperes (MVA) a 854 MVA. Esta línea fue financiada en partes iguales por el Estado nacional y la provincia de San Juan, y su ampliación es crucial para desbloquear la capacidad de Vicuña, que busca asegurar el 90% de la utilización del remanente.
La resolución 219/2026 del ENRE, publicada recientemente en el Boletín Oficial, ha puesto de manifiesto las demandas de otros proyectos mineros en la región. Los Azules, que opera bajo el nombre de "Andes Corporación Minera" y pertenece a McEwen Copper, ha presentado un cálculo de demanda que asciende a 140 MW hacia 2030, mientras que El Pachón, otro proyecto de cobre de Glencore, estima una necesidad de 300 MW. La preocupación radica en que, si se concede la prioridad de uso de la infraestructura eléctrica a Vicuña, solo quedaría disponible entre 99 y 199 MVA para otros proyectos, lo que podría limitar su viabilidad.
La resolución de este conflicto no solo impactará el futuro del proyecto Vicuña, sino que también sentará un precedente para la minería en Argentina, afectando la viabilidad de otros proyectos que dependen de la misma red eléctrica. En otras provincias como Jujuy, Salta y Catamarca, se están desarrollando proyectos de YPF Luz, Central Puerto y Genneia para construir una línea eléctrica de al menos 140 kilómetros en la Puna, que busca abastecer a los principales proyectos mineros mediante fuentes renovables, como parques solares.
Desde 2014, el Estado nacional no ha realizado inversiones significativas para ampliar la red de transmisión eléctrica en alta tensión, y la falta de acción por parte de los privados también es evidente. Anteriormente, las obras financiadas con fondos públicos se guiaban más por criterios políticos que por necesidades técnicas, lo que ha llevado a una saturación de las redes ante el crecimiento de la demanda.
