Reajustes en el Sector Público: Despidos y Controversias en el Ministerio de Economía
La reciente orden del presidente Javier Milei de "no aflojar" ha resonado en el ámbito gubernamental, marcando un nuevo capítulo en la política de ajuste del Gobierno argentino. En un contexto donde ya se han registrado más de 63.000 despidos en el sector público en los últimos dos años, la administración actual ha decidido implementar nuevos recortes y reajustes de fondos, con el objetivo de demostrar que la "motosierra" sigue activa.
Conflictos Internos y Decisiones Controversiales
Federico Sturzenegger, quien se ha posicionado como una figura clave en este proceso, ha enfrentado varios obstáculos y tensiones con las áreas que dependen del Ministerio de Economía y del Ministerio de Capital Humano, liderados por Luis Caputo y Sandra Pettovello, respectivamente. Uno de los puntos más críticos ha sido el nuevo achique del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que ha generado un considerable malestar interno.
El ministro de Desregulación celebró la eliminación de 1.000 servicios de ensayos en laboratorios, lo que podría resultar en 700 despidos. Sin embargo, según fuentes del INTI, la intención original de Sturzenegger era eliminar el doble de servicios y despedir a aproximadamente 1.500 empleados, lo que habría significado desmantelar casi la mitad de la plantilla del instituto, que cuenta con 2.300 trabajadores. Aunque se llegó a un acuerdo para reducir el número de despidos, las protestas de los empleados no se hicieron esperar.
Impacto de la Resolución 42/2026
La resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial, afecta a una amplia gama de ensayos, incluyendo aquellos relacionados con la seguridad alimentaria y la calidad del agua. Los servicios que se verán afectados incluyen análisis de contaminantes como Salmonella y Escherichia coli, así como estudios de resistencia de materiales y seguridad automotriz. La norma justifica la cesación de estos servicios en base a la "baja demanda" y la existencia de oferta privada, lo que ha suscitado críticas tanto dentro como fuera del organismo.
Sturzenegger ha argumentado que la eliminación de estos servicios representa un subsidio a ciertas empresas, y que su plan busca devolver la actividad al sector privado. Sin embargo, los subgerentes del INTI han advertido que esta medida no solo pone en riesgo 700 empleos, sino que también podría comprometer la producción y la seguridad de la población. La falta de empresas privadas capaces de realizar todos los ensayos necesarios podría llevar a los fabricantes a enfrentar dificultades significativas.
Repercusiones en el Sector Agrícola y Laboral
La reducción de servicios del INTI también podría tener repercusiones en organismos que dependen de la secretaría de Agricultura, que está bajo la supervisión de Caputo. Existen varios ensayos que el INTI realizaba y que no tienen cobertura en el sector privado, lo que podría complicar el registro de alimentos y envases ante el Senasa, el organismo encargado de la fiscalización sanitaria.
En el ámbito laboral, la secretaría de Trabajo ha sido otro escenario de tensiones. Tras la aprobación de la reforma laboral en febrero, el Ministerio de Desregulación ha intentado reducir la intervención del Estado en las relaciones laborales, lo que ha generado protestas entre los trabajadores. Las resoluciones internas que proponían eliminar direcciones regionales y agencias territoriales, con un ahorro estimado de más de $ 1.400 millones anuales, han quedado en suspenso debido a la resistencia de los empleados y la situación económica actual.
Desafíos para el Ministerio de Capital Humano
La ministra Sandra Pettovello ha mostrado un enfoque cauteloso respecto a la preservación de ciertas áreas, como la de formación profesional, que busca capacitar a ex-beneficiarios del programa Volver al Trabajo. A pesar de la eliminación de la asignación mensual de $ 78.000, se han impulsado cursos virtuales para facilitar la reinserción laboral.
Recientemente, Pettovello también ha recuperado el control total de la ANSeS, tras la renuncia de Fernando Bearzi, lo que marca un cambio significativo en la gestión de los fondos de jubilados y beneficiarios. Este movimiento se produce en un contexto de alta rotación de funcionarios en el gabinete de Milei, lo que refleja la inestabilidad política y económica que enfrenta el país.
