El pasado sábado, Venezuela y la empresa mendocina Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona) firmaron un acuerdo significativo para reanudar las obras de la represa hidroeléctrica de Tocoma, que habían estado paralizadas desde mediados de la década de 2000. Este acuerdo no solo busca culminar la construcción de la central, sino también contribuir a la restauración de la red eléctrica deteriorada del país sudamericano.
Impsa, que fue la primera empresa privatizada durante la gestión del presidente Javier Milei, había estado bajo control estatal hasta 2021, cuando fue estatizada por el gobierno de Alberto Fernández. En febrero de 2025, el gobierno de Milei transfirió la propiedad de Impsa al consorcio Industrial Acquisitions Fund (IAF), un vehículo de inversión estadounidense enfocado en energía e infraestructura. Este movimiento marcó un hito en la política económica del país, reflejando un cambio hacia la privatización y la inversión extranjera.
Las negociaciones para este acuerdo se llevaron a cabo directamente entre Impsa y el Ministerio de Energía de Venezuela, así como con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Es importante destacar que Estados Unidos supervisó estas gestiones, dado que la empresa debe cumplir con los procesos regulatorios aplicables a cualquier compañía estadounidense.
El presidente de Venezuela anunció que este acuerdo permitirá sumar 2.640 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo que es crucial para garantizar la estabilidad del servicio eléctrico, un aspecto esencial para el crecimiento económico del país. Este anuncio fue celebrado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien destacó la importancia de este acuerdo para la industria argentina y la recuperación de Impsa.
Fundada en 1907 por Enrique Epaminondas Pescarmona, Impsa ha tenido una presencia significativa en el ámbito de la infraestructura a nivel mundial, operando en 40 países. La empresa había enfrentado serios desafíos financieros, incluyendo una deuda de aproximadamente 576 millones de dólares, que fue reestructurada en octubre del año pasado. La oferta presentada por IAF incluyó un capital de 27 millones de dólares y la asunción de esta deuda.
Jorge Salcedo, director ejecutivo de Impsa, explicó que la reanudación de las obras se incorporará mediante una adenda a contratos existentes con Venezuela. Se estima que la deuda relacionada con estos proyectos oscila entre 250 y 300 millones de dólares. Este acuerdo había estado estancado debido a problemas de pago por parte de las autoridades venezolanas y las sanciones impuestas por Estados Unidos, que habían dejado un importante volumen de equipamiento sin utilizar en los depósitos de la empresa en Mendoza.
La situación se desbloqueó gracias a una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), lo que permitió avanzar en la ejecución de este proyecto. Para los primeros 100 días, el objetivo es reparar tres turbinas de 80 MW en Macagua y posteriormente instalar dos unidades de 216 MW en Tocoma. Una segunda fase del proyecto podría aportar otros 1.968 MW al sistema eléctrico.
El complejo Guri, que incluye varias centrales hidroeléctricas, es fundamental para el sistema eléctrico venezolano. Aunque el objetivo de 2.640 MW representa solo el 2% de la capacidad instalada del país, es un paso inicial hacia la reconstrucción de la red eléctrica, que actualmente enfrenta cortes diarios de luz en diversas regiones, incluida Caracas. Recientemente, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que permitirá la inversión privada en el sector eléctrico, facilitando que empresas generen, distribuyan y comercialicen energía bajo concesiones otorgadas por el Estado.
