El 11 de junio de 2026, en una audiencia crucial ante la Corte Suprema, el gobierno de Javier Milei no presentó ninguna propuesta para resolver la deuda de $2,3 billones que mantiene con la provincia de Buenos Aires. Esta situación ha llevado al gobernador Axel Kicillof a dar por finalizada la etapa de conciliación y a anunciar su intención de presentar una medida cautelar para exigir el pago de dicha deuda.
El conflicto se origina en la suspensión de las transferencias de la ANSES al Instituto de Previsión Social, que es la caja jubilatoria de los estatales bonaerenses. Durante la última audiencia, la Corte había solicitado al gobierno nacional que presentara una solución concreta para la deuda, un pedido que fue aceptado por los funcionarios de Caputo en un encuentro anterior, realizado el 21 de abril. Sin embargo, al llegar a la audiencia, no se presentó ninguna propuesta concreta, lo que generó la frustración del gobernador Kicillof.
Kicillof, al salir de la reunión, expresó su descontento, señalando que los funcionarios argumentaron que aún necesitaban realizar trabajos técnicos adicionales. En respuesta, el gobernador decidió avanzar por la vía judicial, afirmando que "dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar". Esta decisión se basa en la necesidad de exigir el pago de la deuda, especialmente considerando que, a pesar de que algunas jurisdicciones ya han recibido los recursos adeudados, la provincia de Buenos Aires sigue sin recibir lo que le corresponde.
La provincia de Buenos Aires es una de las 13 jurisdicciones que no han transferido sus regímenes provisionales a la Nación, lo que implica que el Estado Nacional debe compensar los déficits a través de un sistema de simulaciones y auditorías sobre las cuentas provinciales. De las 13 provincias en esta situación, 10 ya han llegado a un acuerdo con el gobierno nacional.
Ante la falta de diálogo efectivo entre la Nación y Buenos Aires, el gobierno de Kicillof ha optado por solicitar la deuda a través de la Corte Suprema. Según la demanda presentada, las deudas corresponden a anticipos recibidos y adeudados por la Nación, así como a la actualización de los anticipos de 2023 y 2024, y diferencias entre el déficit de caja no transferida y los anticipos sin actualizar de los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Este año, la provincia ha presentado su octava demanda ante la Corte, reclamando más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023. Este último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano. Además, se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, con el fin de reparar los perjuicios futuros que esta situación podría acarrear.
