El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ha fijado una nueva fecha de indagatoria para los titulares del holding Sur Finanzas, Maximiliano Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo. Esta audiencia está programada para el 26 de mayo de 2026, a las 10:00 y 11:00 horas respectivamente. La decisión del magistrado se produce tras la inasistencia de los imputados a una audiencia previa y el rechazo de los planteos de su defensa por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
El juez Armella ha advertido que, en caso de no presentarse, se declarará a los Vallejo en rebeldía, lo que conllevaría a la orden de su detención inmediata. Esta medida se enmarca dentro de un proceso judicial que investiga un presunto esquema de lavado de dinero y administración fraudulenta vinculado al Club Atlético Banfield y a la firma Sur Finanzas.
Contexto de la Investigación
La causa ha cobrado relevancia debido a las implicaciones que tiene en el ámbito del fútbol argentino y la administración de recursos en clubes deportivos. La fiscal federal Cecilia Incardona, junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ha solicitado la detención de los imputados para garantizar su comparecencia ante la justicia. La defensa, liderada por el abogado Pablo Parera, ha intentado frenar las indagatorias mediante recursos judiciales, pero estos han sido considerados por el juez como “manifiestamente obstructivos”.
Detalles de las Indagatorias y Medidas Cautelares
Las indagatorias no solo involucran a los Vallejo, sino que también se han convocado a dirigentes del Club Atlético Banfield, incluyendo a Eduardo Spinosa (presidente) y Federico Spinosa (vicepresidente), entre otros. Estas audiencias están programadas entre el 18 y el 25 de junio de 2026. Todos los convocados deberán cumplir con medidas cautelares, que incluyen la prohibición de salida del país, presentaciones periódicas ante el juzgado y restricciones de contacto entre los imputados.
Implicaciones Financieras y Operativas
La investigación ha revelado un mecanismo que incluye préstamos en efectivo sin trazabilidad bancaria por al menos USD 1 millón, así como contratos de sponsoreo cuyos fondos no ingresaban al club, sino a un fideicomiso controlado por los mismos dirigentes. Además, se ha detectado una triangulación de ingresos a través de empresas vinculadas, lo que amplía el alcance de la investigación.
Según la fiscalía, el análisis patrimonial de los imputados incluye movimientos sospechosos por más de 880.000 millones de pesos y la adquisición de bienes registrables. Este contexto pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia más estricta sobre las operaciones financieras en el ámbito deportivo y la importancia de la transparencia en la gestión de recursos.
