El gobierno argentino, bajo la dirección de Javier Milei, ha presentado un proyecto de ley al Senado que propone modificaciones significativas en el sistema de pensiones por discapacidad administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esta iniciativa, denominada "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", busca reestructurar los criterios de otorgamiento de estas pensiones, introduciendo requisitos más rigurosos para los beneficiarios actuales y estableciendo un proceso de revisión del padrón existente.
Cambios Esenciales para los Beneficiarios
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez laboral. Según lo estipulado en el proyecto, cada beneficiario deberá reinscribirse y actualizar su información personal, médica, laboral y socioeconómica en un plazo máximo de 90 días. La falta de cumplimiento con este trámite resultará en una suspensión preventiva del pago de la pensión. Posteriormente, el titular tendrá un período adicional de 60 días para regularizar su situación; de no hacerlo, la prestación podría ser cancelada de manera definitiva.
Modificaciones en las Condiciones de Acceso
El proyecto también introduce cambios en las condiciones de acceso a las pensiones, conforme a lo establecido en la Ley N.º 13.478. A partir de mayo de 2026, la pensión estará destinada a personas mayores de 70 años o a aquellos que puedan demostrar imposibilidad laboral, siempre que no cuenten con ingresos suficientes ni estén cubiertos por otro régimen previsional. Este cambio busca asegurar que las pensiones se otorguen a quienes realmente lo necesiten.
Impacto Económico de la Nueva Legislación
En términos económicos, el nuevo esquema propone que la prestación mensual represente el 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que actualmente se traduce en aproximadamente $275.221. Además, se eliminará la actualización automática por inflación y se suprimirá la posibilidad de otorgar adicionales por zona desfavorable, lo que podría afectar a muchos beneficiarios que dependen de estos ingresos.
Incompatibilidad con el Trabajo Registrado
Otro punto relevante es que el beneficio seguirá siendo incompatible con empleos registrados, independientemente de que el monto percibido sea bajo. Esto implica que aquellos que trabajen en relación de dependencia o estén inscriptos como monotributistas no podrán mantener la pensión, lo que podría generar un impacto significativo en la situación económica de muchos beneficiarios.
Controles y Auditorías
El proyecto también prevé la implementación de auditorías médicas y socioeconómicas periódicas para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con los requisitos establecidos para recibir la prestación. Para ello, se contempla el cruce de información entre diferentes organismos del Estado, como ANSES, ARCA, la Secretaría de Trabajo y SINTyS, con el objetivo de detectar inconsistencias o incumplimientos en los requisitos médicos, económicos y laborales.
Estas reformas, que entrarán en vigencia en mayo de 2026, representan un cambio significativo en el enfoque del gobierno hacia las pensiones por discapacidad, buscando una mayor fiscalización y control sobre los beneficiarios. Es fundamental que los actuales pensionados se mantengan informados sobre estos cambios y cumplan con los nuevos requisitos para evitar la pérdida de sus prestaciones.
