Proyecto de Ley de Milei: Cambios en las Pensiones por Discapacidad
El clima de incertidumbre se intensifica para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, tras la presentación del proyecto de ley titulado "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez" por parte del gobierno de Javier Milei. Este proyecto, que ya ha sido ingresado al Senado, propone una serie de reformas que impactarán a más de 1,2 millones de personas en Argentina.
Reempadronamiento Obligatorio
Una de las disposiciones más significativas del proyecto es la obligatoriedad de un reempadronamiento para todos los beneficiarios actuales. Se estima que alrededor de 1.200.000 personas deberán actualizar su información personal, médica y socioeconómica en un plazo de 90 días, que puede extenderse por 30 días adicionales. La autoridad de aplicación, que será designada por el gobierno, tendrá la facultad de cruzar datos con organismos como ANSES, ARCA y el sistema tributario para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Consecuencias del Incumplimiento
El incumplimiento de esta obligación tendrá consecuencias severas. Si un beneficiario no completa el trámite dentro del período estipulado, la norma permitirá la suspensión automática del pago de la prestación. Si transcurren 60 días desde la suspensión sin que se regularice la situación, la baja del beneficio se convertirá en definitiva mediante un acto administrativo.
Criterios de Compatibilidad Laboral
Otro aspecto relevante del proyecto es la modificación de los criterios de compatibilidad laboral. La nueva redacción establece una incompatibilidad absoluta entre la percepción de la pensión y la tenencia de un empleo formal o la inscripción en regímenes tributarios como el monotributo. Esta medida elimina las excepciones que anteriormente promovían la inclusión laboral de personas con discapacidad y suprime los beneficios fiscales que recibían las empresas por contratar a estos trabajadores.
Actualización de Haberes y Ajustes
En cuanto a los haberes, el proyecto establece que la pensión se fijará en el 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado por la Ley Nacional del Sistema Integrado Previsional Argentino N° 24.241. Sin embargo, se elimina la cláusula que permitía la actualización trimestral automática basada en el Índice de Precios al Consumidor, lo que significa que el monto de la pensión quedará atado exclusivamente a la evolución del haber mínimo, sin mecanismos de ajuste ante contextos inflacionarios.
Derogación del Nomenclador Unificado
Finalmente, el proyecto deroga varios artículos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793, lo que implica la eliminación del nomenclador que fijaba aranceles homogéneos para las prestaciones en todo el país. Esta derogación permitirá que cada prestador de servicios de salud negocie de manera individual las condiciones de cobertura, sin un piso mínimo de calidad garantizado por una norma federal.
El debate sobre estas reformas se prevé intenso en las próximas semanas, y es fundamental que los beneficiarios estén informados sobre los plazos y requisitos que deberán cumplir para evitar la pérdida de sus beneficios.
