Denuncias de Violencia Política en Punta Alta: Docentes Acusan a Concejal de Agresiones
El clima político en Punta Alta se ha visto sacudido por una serie de denuncias de violencia política que involucran al presidente del Concejo Deliberante, Pablo "Papu" Gómez. En las últimas horas, el gremio Suteba ha presentado una denuncia formal en la que se acusa a Gómez de intentar bloquear la entrega de un petitorio en la oficina de Anses, dirigida por su pareja, Jeanette Rivas. Este petitorio reclama el pago de una deuda significativa que la Nación mantiene con el Instituto de Previsión Social (IPS) provincial, que asciende a alrededor de 2 billones de pesos.
La situación se tornó tensa cuando Gómez, al llegar a la oficina de Anses, exigió ver la nota presentada por los docentes y advirtió que, si no se le otorgaba autorización, no se recibiría. La secretaria general del Suteba, Claudia Introssi, relató que el concejal se dirigió a los presentes con un trato prepotente y un lenguaje violento, lo que generó un ambiente de hostilidad en un espacio que debería ser de diálogo y respeto.
La denuncia del Suteba destaca que la conducta de Gómez no solo representa un atropello al libre ejercicio de la labor sindical, sino que también agravia la dignidad de los trabajadores de la educación. En su presentación, el gremio subraya que las disculpas ofrecidas por Gómez tras el incidente son insuficientes y exige que se evalúe su conducta en el marco de las normativas de ética pública vigentes.
El contexto político en Punta Alta complica aún más la situación. El oficialismo local, liderado por el intendente axelista Rodrigo Aristimuño, depende de los votos de La Libertad Avanza, el partido de Gómez, para aprobar su rendición de cuentas. Esto ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que el tratamiento de la denuncia del Suteba no avance, dado el interés político en mantener la estabilidad del gobierno local.
Desde el Suteba, se ha manifestado que no se permitirá la naturalización del maltrato y que se defenderá el derecho al respeto institucional. La organización ha hecho un llamado a los ediles para que actúen conforme a lo establecido en el reglamento interno y las normativas de ética pública, enfatizando la importancia de que se tomen medidas adecuadas ante este tipo de conductas.
Este incidente no solo pone de manifiesto la tensión existente entre los funcionarios y los trabajadores de la educación, sino que también plantea interrogantes sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. La situación sigue en desarrollo y se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto en los próximos días.
