La Corte Suprema de Justicia Bonaerense Ratifica Relación de Dependencia para Repartidores de Plataformas
El 14 de abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires emitió un fallo significativo que afecta a las plataformas de reparto, como Rappi y Repartos Ya. Este fallo establece que los repartidores de estas empresas operan bajo una relación de dependencia, desestimando la figura del "colaborador independiente" que estas plataformas habían promovido como modelo de negocio.
Implicancias del Fallo
La decisión de la Corte Suprema no solo tiene repercusiones legales, sino que también plantea un desafío para el modelo de negocio de las plataformas de reparto. Al ser considerados empleados, los repartidores adquieren derechos laborales que incluyen, entre otros, el acceso a beneficios como vacaciones pagas, aguinaldo y aportes a la seguridad social. Esto podría llevar a un aumento en los costos operativos de estas empresas, que hasta ahora se beneficiaban de un marco regulatorio más laxo.
Contexto del Empleo en Plataformas
Las plataformas de reparto han surgido como una alternativa ante el deterioro del empleo formal en Argentina. Sin embargo, la precariedad laboral que caracteriza a estos trabajos ha sido objeto de críticas por parte de sindicatos y organizaciones de derechos laborales. La Corte, al reconocer la relación de dependencia, busca proteger a los trabajadores de un sistema que, en muchos casos, los deja desprovistos de derechos básicos.
Reacciones del Sector
El fallo ha generado reacciones mixtas en el sector. Por un lado, los defensores de los derechos laborales celebran la decisión como un avance hacia la formalización del empleo en la economía digital. Por otro lado, las empresas de reparto advierten que este cambio podría llevar a una reducción en la cantidad de trabajadores disponibles, ya que los costos adicionales podrían hacer que el modelo de negocio sea insostenible.
Próximos Pasos y Requisitos
Las plataformas de reparto deberán adaptarse a esta nueva realidad legal. Esto implica no solo un cambio en la forma en que contratan a sus repartidores, sino también una revisión de sus políticas internas y estructuras de costos. Las empresas tendrán un plazo determinado para regularizar la situación de sus trabajadores, lo que incluye la formalización de contratos y el cumplimiento de las normativas laborales vigentes.
