Funcionarios del Ministerio de Economía defienden créditos hipotecarios del Banco Nación

En medio de la controversia generada por la concesión de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a diputados de La Libertad Avanza, los representantes del Ministerio de Economía han salido a aclarar su posición. Federico Furiase, secretario de Finanzas, y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, han enfatizado que las acciones realizadas no son ilegales ni inmorales.

Defensa de la legalidad y transparencia

Durante una entrevista en el programa 'Las Tres Anclas', Núñez afirmó: "Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral, fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto a crédito a sacarlo con la misma tasa que puede sacarlo todo el mundo". Esta declaración busca desestimar las acusaciones que han surgido en torno a la supuesta preferencia que habrían recibido los funcionarios en la obtención de estos créditos.

El director del Banco de Inversión y Comercio Exterior destacó que el Banco Nación otorgó un total de 27 mil créditos hipotecarios, de los cuales menos del 0.2% correspondieron a funcionarios. "Lo más importante es que esta tasa era para todos, no hubo tasa preferencial. Este es un gran producto para que los argentinos puedan acceder a su casa", añadió Núñez, subrayando la importancia de estos créditos en el contexto del mercado inmobiliario argentino.

Contexto macroeconómico y apertura de créditos

Furiase, por su parte, explicó que la apertura de los créditos hipotecarios se produjo a mediados de 2024, en un momento en que la macroeconomía del país comenzó a estabilizarse. Según el secretario de Finanzas, la disminución de la inflación y de las tasas de interés permitió a los bancos ofrecer condiciones más favorables para los préstamos. "La última ventana se había abierto en 2017. Esto es importante entenderlo, se abre producto de una estabilización macroeconómica", afirmó.

Investigaciones en curso

A pesar de las defensas presentadas por los funcionarios, las denuncias sobre los créditos hipotecarios han llegado a los Tribunales de Comodoro Py, donde se investiga si hubo alguna maniobra que pudiera haber perjudicado al Estado. Los créditos cuestionados suman un total aproximado de 2.500 millones de pesos, y el expediente judicial deberá determinar si existió un "exceso en los límites de los créditos" o si se ignoraron dictámenes desfavorables.

Este contexto plantea un escenario complejo para los funcionarios involucrados, quienes deben demostrar la legalidad y transparencia de sus acciones en un ambiente de creciente escrutinio público y judicial.